martes, 12 de junio de 2018

La Carta de Derechos Sociales promoverá una ILP contra la pobreza y la exclusión social

Las medidas concretas recogidas en esta iniciativa pretenden mejorar la realidad de las políticas de ingresos mínimos garantizados y el derecho al acceso a una vivienda digna.



 La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, compuesta por la mayoría sindical, los movimientos sociales más relevantes y por entidades de la economía social y solidaria (como REAS y Olatukoop) ha decidido que en los próximos meses va a realizar una campaña, a través de sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) en la CAPV y en Navarra. El objeto de estas ILPs es atajar la pobreza y la exclusión social y reclamar un sistema público de protección social de calidad.
¿Qué es una ILP?
Las ILPs son propuestas de ley que se impulsan desde la sociedad civil. Son una herramienta que ofrecen las instituciones para fomentar la participación social. Para que una ILP llegue a ser tratada en el Parlamento Vasco se requiere el aval de 10.000 firmas. En Navarra la cifra es del 1% del censo electoral autonómico (unas 5.000 firmas). La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria espera superar ampliamente estas cifras.

A pesar de sus limitaciones consideramos que es posible utilizar ese mecanismo para poner en el centro del debate político medidas concretas para mejorar el sistema de garantía de ingresos y el derecho de acceso a una vivienda.

¿Qué planteamos en estas ILPs?

Las medidas concretas recogidas en esta iniciativa pretenden mejorar la realidad de las políticas de ingresos mínimos garantizados y el derecho al acceso a una vivienda digna.

Sobre los ingresos garantizados (RGI o Renta Garantizada en Navarra) se plantea volver a retomar la referencia del Salario Minimo Interprofesional, de modo que a las personas que vivan solas se les garantice unos ingresos equivalentes al 100% del SMI. Además, se plantea una mejora sustancial de la escala, para que las unidades convivenciales de 2 personas tengan garantizados unos ingresos del 150% del SMI, y que esos ingresos sean del 200% del SMI para 3 o más personas. De este modo se pretenden revertir los recortes que se han aplicado en los últimos años, especialmente en la CAPV, aunque la desindexación del SMI también está repercutiendo en recortes generales en Navarra.

En materia de vivienda las ILPs van a reconocer de manera efectiva el derecho de la ciudadanía a que las instituciones les ofrezcan una vivienda de alquiler social, sin que en ningún caso ese derecho pueda ser sustituido por una prestación económica.

La imposibilidad de acceder a una vivienda digna y la falta de ingresos mínimos son dos causas que llevan a que la pobreza sea una realidad cada vez más importante entre colectivos cada vez más amplios. Las instituciones de Euskal Herria tienen competencias para adoptar políticas que protejan a la ciudadanía en estas materias. La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria exige a quienes nos gobiernan que pongan las instituciones al servicio de la mejora de la calidad de vida de la mayoría. Solo hace falta voluntad política para ello.