El
Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) en manos del PSOE-PNV ha
decidido incrementar en un 20% la tasa que cobra a las mancomunidades. Formalmente se dice que es
por los servicios que presta para la gestión de residuos, si bien el
objetivo último es financiar la construcción de la planta
incineradora en Zubieta. Junto con esta decisión el PNV-PSOE ha
puesto en marcha una campaña de intoxicación informativa que busca
ocultar su responsabilidad en el hecho de que quienes vivimos en
Gipuzkoa tengamos que pagar más en función de su voluntad de
construir la incineradora. Esta foto nos costará mucho dinero cinco
años después. A continuación se reproduce el artículo de Mikel Ormazabl publicado
en su día en el diario “El País” y que es claro y conciso a la
hora de adjudicar responsabilidades sobre la actual situación.
“La
letra pequeña de la incineradora”.
La
foto lo dice casi todo. Como cuando los clubes de fútbol presentan
un fichaje o la renovación de una de sus estrellas, la Diputación
de Gipuzkoa remitió el día 3 de febrero de 2011 a todos los
medios de comunicación una fotografía tras la firma de los créditos
bancarios para financiar las obras del complejo
de residuos de Zubieta, donde está proyectada una incineradora.
En la imagen, se observa al entonces diputado general, Markel
Olano,
y al titular foral de Medio Ambiente, Carlos
Ormazabal,
ambos del PNV, uniendo sus manos a las de Luca
Lazzaroli,
jefe de División de Infraestructuras del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) para España. Caras de satisfacción.
Se había
sellado un acuerdo por el que el BEI concedía un préstamo de 195
millones. Con La Caixa y Banesto se firmó otro por 69 millones (más
otro de cinco millones para cubrir el IVA). Se hizo para afrontar las
inversiones del centro de Zubieta: estaciones de transferencia,
ampliación de vertederos, una planta de biometanización, otras de
compostaje, una incineradora y la planta de escorias. La factura
total de este macroproyecto se cifró en 477 millones (IVA no
incluido), según consta en el contrato de financiación suscrito con
las entidades bancarias, que se iban a costear contra los citados
créditos, más una aportación de 125 millones de la Diputación y
los ingresos obtenidos del cobro de la tasa de la basura durante
estos años. La deuda se iba a saldar a lo largo de 20 años.
Pocos
días después de cerrar el acuerdo de financiación, Ormazabal
declaró en una entrevista: “La incineradora y el resto de
instalaciones del plan de residuos no tienen marcha atrás”. En
mayo de ese año, Bildu logró el poder en la Diputación y en la
mayoría de los Ayuntamientos de Gipuzkoa, y dejó clara su postura
en contra de seguir adelante con las obras de Zubieta. En julio, el
ya exdiputado Ormazabal, en esas fechas aún presidente en funciones
del Consorcio de Residuos (GHK), escribió una carta que remitió al
diputado general, Martin Garitano. Además de quejarse amargamente
por la voluntad de la coalición abertzale de
“paralizar” la incineradora, Ormazabal le recordaba que los
contratos con el BEI, La Caixa y Banesto fueron “sin lugar a dudas
la mejor operación financiera, como mínimo, de todo el Estado
español en 2010”.
El acuerdo con los bancos fue “brillantísimo”, decía en la
misiva.
Al
cumplirse dos años de aquel “brillantísimo” acuerdo con los
bancos, el actual presidente de GHK, Juan
Carlos Alduntzin, de Bildu, ha denunciado que en aquella
operación hubo “varias trampas”, asegura a este diario. En el
mismo momento de la firma, GHK debe abonar 5,7 millones por una
“comisión de apertura” ligada a los créditos. Además, se
suscribe un “contrato de cobertura de tipo de interés” con La
Caixa y Banesto por el montante total de los préstamos, conocido en
el argot bancario como swap,
muy dañino económicamente para la parte contratante. Este seguro se
sanciona en dos partes, la última de las cuales se remata a solo
cinco días de las elecciones forales y locales de mayo de 2011,
ganadas por Bildu.
El swap
consiste en garantizar el pago de una cuota mensual fija (en este
caso alrededor de un 4%) para evitar que las fluctuaciones del
Euribor afectasen a los intereses de los préstamos. El porcentaje no
se aplica sobre el capital dispuesto (gastado) por GHK en las obras,
sino sobre el que debía haber dispuestos en virtud de un calendario
de inversiones ya prefijado. El freno que ha puesto Bildu a los
trabajos de Zubieta ha hecho que sólo se hayan dispuesto 9,7
millones, pero el swap obliga a pagar los intereses correspondientes
a una inversión valorada en 98 millones. Así, se están abonando
todos los meses 300.000 euros y se calcula que a lo largo de toda la
vida del crédito la cantidad llegará a los 50 millones.
Alduntzin
considera que se trata de “un gol” que los bancos metieron a los
anteriores responsables de GHK, aunque otras fuentes consideran que
la fórmula elegida —“un producto especulativo”— responde a
“una estrategia pactada por ambas partes para que la incineradora
de Zubieta no tuviese marcha atrás”.
Lazzaroli,
Olano y Ormazabal posan para la foto y, acto seguido, se fueron a un
restaurante de lujo a celebrarlo. Se sirvió una comida para siete
personas que costó 1.169 euros (167 euros por persona) a base de
“angulas y codium”, “huevo con temblor de tierra” y “menhir
de ostras”. Ese mismo día, por la noche, una cena para 23 personas
que costó 1.664 euros, ambas facturas pagadas con dinero público de
GHK y de la que nunca se dio cuenta a la ciudadanía. Cuando esta
semana se ha sabido esto. Olano ha justificado el dispendio con la
expresión “ondo
egina”
(bien hecho).
