Las personas que
suscribimos este documento, plurales en lo político pero todas ellas
víctimas o familiares de víctimas del terrorismo asesinadas por ETA o
grupos afines, queremos manifestar a la opinión pública que consideramos
un error político y humano grave no querer reconocer a las víctimas de
abusos policiales y de grupos de extrema derecha.
Este reconocimiento que reclamamos no supone caer en un interesado totum revolutum,
ni referirnos de manera genérica a las «víctimas del conflicto político
que sufre nuestro pueblo». Tenemos muy claro que esa lectura interesada
solo conviene a quienes más responsabilidad tienen en todo el
sufrimiento que hemos vivido, a los que persiguen la impunidad judicial o
histórica.
Para nosotras, reconocer a las víctimas de abusos
policiales y grupos de extrema derecha no significa blanquear,
equiparar, ni legitimar nada con relación a nuestros atentados o al
asesinato de nuestros familiares. Solo implica reconocer que esas
víctimas también tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y
la memoria. Y con su reconocimiento no vemos mancillado ni el honor ni
la memoria de nuestros familiares asesinados por los terroristas de ETA o
grupos afines.
Constatamos que desde distintos sectores sociales y
políticos se trata de minimizar -cuando no de invisibilizar- a las
víctimas de abusos policiales o de grupos de extrema derecha,
argumentando que sus muertes se debieron a fallos o atropellos dentro de
la obligada respuesta de la sociedad a la agresión recibida. Somos
conscientes de que nuestros procesos de victimación fueron radicalmente
distintos a los de estas personas, que nuestros atentados o el asesinato
de nuestros familiares fueron una deliberada estrategia de
aniquilamiento del diferente con el apoyo de una parte muy importante de
nuestra sociedad, pero no podemos admitir que en el caso de las
víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha se
menosprecien actos irreversibles contra la vida y la dignidad humana.
Creemos que admitir ese menosprecio daña la legitimidad del Estado
democrático de Derecho y el tejido moral de nuestra sociedad.
Por
eso, afirmamos que el reconocimiento de los derechos de estas víctimas
debería ser un sentimiento pre-político, por encima de siglas, banderas u
opciones políticas concretas.
Mari Jose Agirre Larraona,
Carlota Arguimberri Zuloaga, Jaime Arrese Araolaza, Nerea Barrios
Cuevas, Sara Buesa Rodríguez, Esther Cabezudo Martínez, Guillermina
Cabré Baldellou, Marc Cabré Baldellou, Marta Cabré Baldellou, Rosa María
Cabré Baldellou, Sandra Carrasco Romero, Bárbara Dührkop, Josu Elespe
Pelaz, Patxi Elola Azpeitia, Jesús Fructuoso Gómez, Iñaki García
Arrizabalaga, Fernando Garrido Velasco, José Miguel Gómez Elósegui,
Nagore González Berrio, Mari Carmen Hernández Sánchez, María Jauregi
Lasa, Andoitz Korta Zearreta, Ibai Korta Zearreta, Gorka Landaburu
Illarramendi, Maixabel Lasa Iturrioz, Rosa Lluch Bramon, Robert Manrique
Ripoll, Belén Mentxaka Lejona, Dori Monasterio Burgos, Alberto
Muñagorri Berdasco, Ainara Olaciregui Villarta, Ainhoa Pedrosa
Hernández, Gabriel Portell Torres, Arantza Puelles García, Iván Ramos
Torrano, Rosa Rodero Palacios, Carmen Torres Ripa.Abel Uceda Vázquez,
Jordi Valls Olivé, Luis Mari Vega Castresana, Silvia Vidal Pinar, Naiara
Zamarreño Fernández, Pilar Zubiarrain Lasa.