En
los últimos días ha habido dos noticias que tienen que ver con la vida
post-ETA. Una es el acto que Julen Mendoza, alcalde de EH-Bildu, celebró
el 28 de junio en el Ayuntamiento de Errenteria en homenaje a tres
víctimas del terrorismo de ETA, asesinados en esa localidad. La otra
noticia es la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de
cincuenta años de cárcel para las siete personas acusadas por las
agresiones contra dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Una
noticia nos habla de reparación, la otra de enquistamiento y
revanchismo. Empezaré por la segunda, que es la más desagradable.
He
defendido en varias ocasiones que las agresiones de Alsasua no deberían
ser juzgadas como terrorismo, aunque tampoco se puede decir, como se
repite constantemente, que lo que pasó fuera una mera trifulca de bar.
Entiendo que sus familiares y abogados quieran aferrarse a esta defensa,
pero cualquier conocedor de la realidad vasca sabe que las cosas por
aquí no son tan sencillas. Esas agresiones responden a una lógica del
conflicto que sigue viva, una violencia que si bien ya no tiene el
recurso a las armas, sigue estando latente en algunos círculos de
nuestra sociedad. Todavía hay gente que cree firmemente que este pueblo
(el vasco) tiene un enemigo, encarnado en sus «fuerzas de ocupación»
españolas y que, como enemigo, merece la agresión. Esa forma de entender
la realidad, dentro de las viejas dinámicas de odio y confrontación,
genera una violencia que no se debería banalizar ni hacer pasar por un
simple enfrentamiento en un bar entre personas que no se caen bien. Pero
el despropósito de la petición de la Fiscalía es tal que, si no fuera
por la gravedad de los cargos, toda esta cuestión resultaría ridícula.
El problema, además del serio peligro en el que están los procesados y
el dolor que esta situación genera a sus familias, es que es un síntoma
más del inmovilismo y la actitud vengativa y punitiva del Gobierno y de
un sector del poder judicial de este país (y me refiero a España). Este
inmovilismo -también reflejado en la negativa a entablar un diálogo
sobre la dispersión, los abusos policiales o torturas, el reconocimiento
de las víctimas de los GAL como víctimas del terrorismo...- pone serias
trabas al necesario proceso de convivencia y restauración.
En
contra del inmovilismo habló claramente Chema Herzog, entonces concejal
del PP de Errenteria, en ese gran episodio de ‘Salvados’ grabado en
2013, dos años después del fin de la actividad terrorista de ETA. Al
final del episodio, Herzog dice lo siguiente: «La convivencia se basa en
el cese del agravio, porque el agravio lleva al rencor, y el rencor a
la venganza [...]. Si queremos convivencia, tenemos que tener clara la
idea de justicia y reparación. Todas las personas tienen que bajarse de
su eterna reclamación [...] poner un límite a su rencor porque si no,
esto se perpetuará». Poco antes de llegar Évole a Errenteria para grabar
el documental se habían celebrado unas jornadas en las que participaron
víctimas tanto de ETA como de abusos policiales, de los GAL y de otros
grupos de extrema derecha, y en las que el Ayuntamiento, con Julen
Mendoza en la alcaldía, tuvo un papel fundamental. El alcalde sembró
entonces la semilla de lo que sería el homenaje en exclusiva hecho a las
víctimas de ETA la semana pasada. Ya en 2013 reconocía frente a las
cámaras que la historia de «lo que aquí ha pasado» no se podía cerrar en
falso y que había que dar a las víctimas de ETA el reconocimiento que
se merecían. Évole entrevistó también a Miguel Buen, que participó tanto
en el homenaje del pasado 28 de junio como en aquellas históricas
jornadas. Fue alcalde de Errenteria por el PSE-PSOE durante diecisiete
años. Parte de la entrevista se realiza en la Casa del Pueblo, junto con
otros compañeros de partido que narran las agresiones que allí
sufrieron: veintiocho ataques contabilizados, con cócteles molotov,
gasolina, una vez incluso les entraron en la Casa y les hicieron
paseíllo para sacarlos a palos. Al alcalde de entonces, José María
Gurrutxaga, le persiguieron a golpes por el pueblo, dándole una paliza
que casi le deja muerto. Entonces, es lógico que la agresión de Alsasua a
muchos les haga recordar las prácticas fascistas de aquellos años. Por
eso no se puede obviar el contexto en el que esta se produjo ni
minimizar su gravedad. Pero tampoco se puede manipular la realidad al
punto de convertir a los siete encausados en chivos expiatorios para
satisfacer quién sabe qué intereses políticos, qué deseos de venganza,
qué razón punitiva o qué ideología enquistada en, también, la lógica de
conflicto.
Paradojas de la historia, Errenteria se ha convertido
en un ejemplo en el camino hacia la deslegitimación de la violencia, a
pesar de haber sido uno de los municipios más conflictivos de Euskadi,
como demuestra el informe sobre violaciones de derechos humanos y hechos
violentos acaecidos en esta localidad guipuzcoana de 1956 a 2012,
encargado por el Ayuntamiento con la aprobación del PSE, PNV, PP, Ezker
Anitza y Bildu. El acto del 28 de junio en el que Mendoza, sin
eufemismos ni rodeos, pidió perdón por cualquier daño u ofensa hecha por
él o su ayuntamiento a las víctimas de ETA, se suma al trabajo que
llevan años haciendo para restaurar la convivencia en ese municipio.
Herzog,
en el mismo episodio, se quejaba de que a 470 kilómetros de distancia
(o sea, Madrid), están jugando a azuzarnos a unos contra otros por
intereses espurios (sus palabras). En 2017, y tras la petición de la
Fiscalía en el ‘caso Alsasua’, sus palabras cobran nueva importancia.
Mientras que en Euskadi se producen avances como el caso de Errenteria,
grupos de trabajo como la Ponencia de Memoria y Convivencia en el
Parlamento vasco (con la ausencia del PP) o iniciativas de base como las
tomadas por el colectivo Eraikiz, formado por familiares de víctimas de
ETA y de violencias de diverso signo, desde el Gobierno español y un
sector del poder judicial ajustan las tuercas al máximo y hacen, de un
crimen sin duda despreciable y condenable, un caso ejemplar de
desproporcionalidad y revanchismo.
EDURNE PORTELA