viernes, 28 de abril de 2017

¿Por qué no quieren la moción de censura? (Fernando López Agudín)

"Sorprende que desde parte de la oposición se mantenga una complicidad con el Gobierno– Ciudadanos y PSOE–, o una equidistancia con el PP– soberanistas catalanes y nacionalistas vascos– cuando una incesante ola de indignación ciudadana estalla en la sociedad"

Resultado de imagen de imagenes psoe, ciudadanos, pp
publicado en "Público"

La presentación de una moción de censura contra Rajoy, anunciada por Pablo Iglesias, se ajusta como el guante a la mano a la que, durante mayo de 1980, lanzó Felipe González contra Adolfo Suárez. En aquella ocasión, el presidente de Gobierno ni sabía ni pudo frenar la involución en marcha de los neofranquistas; en ésta, el presidente del Gobierno se niega a combatir la corrupción que corroe todas las instituciones democráticas. Coinciden ambas, antaño con González hoy con Iglesias, en la ausencia de una alternativa  gubernamental a Unión de Centro Democrático ayer y al Partido Popular ahora. Aquella oposición socialista perdió aritméticamente la votación parlamentaria, pero la ganó políticamente. La sociedad española ansiaba escuchar una voz que expresara su inquietud por el peligro golpista tanto como hoy necesita escuchar un grito contra el volquete de estiércol en que se ha convertido el Partido Popular. Pablo Iglesias no emula a Hernández Mancha, que también presentó una moción de censura para darse a conocer, sino que recuerda a Felipe González.
Presidencia de Gobierno que conocía las actividades delictivas de los hampones de su amplia organización criminal en Madrid, Justicia que los informaba sobre las investigaciones judiciales, Interior que los recibía en los despachos oficiales, no han dado aún una mínima explicación verosímil sobre estas conductas atípicas en un país de la Unión Europea. De no ser  por la profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil, que han realizado todo un trabajo impecable, y de los jueces y fiscales, que se han rebelado contra los fiscales abogados de los delincuentes, no se encontrarían en Soto del Real la cuerda de presos del Partido Popular. Rajoy niega la evidencia cuando coloca sobre su Gobierno las medallas de la lucha contra la corrupción que pertenecen sólo a los funcionarios policiales y judiciales.
Sorprende, precisamente por ello, que desde parte de la oposición se mantenga una complicidad con el Gobierno– Ciudadanos y PSOE–, o una equidistancia con el PP– soberanistas catalanes y nacionalistas vascos– cuando una incesante ola de indignación ciudadana estalla en la sociedad española. No se entiende que las muy legítimas diferencias, tácticas o estrategias, les impidan sumarse a una iniciativa contra el Gobierno que promueve, ampara y tapa su propia corrupción. Hoy lo prioritario, socialmente hablando, es presentar una enmienda a la totalidad del Gobierno de Rajoy inmerso en el estercolero del PP. Que los intereses de la Gran Coalición sean situados por encima de los intereses de todos los ciudadanos se comprende, únicamente, por su negativa a reconocer que se equivocaron cuando invistieron a Rajoy presidente de Gobierno.
No es, por supuesto, la única causa. Albert Rivera es coherente en su complicidad porque busca no estorbar con una moción de censura la operación opaca que el IBEX prepara para desahuciar a Mariano Rajoy de la Moncloa. ¿Por qué de la noche a la mañana estallan a la vez una ristra de corrupciones protagonizadas por algunos ministros, hermanos de ministros, delegados de gobierno, altos cargos, periodistas, diputados, asesores y periodistas ? Muy probablemente, ha sido el azar en combinación con la necesidad, como bien diría Jacques Monod, el que ha levantado la veda para está inesperada montería destinada a limpiar, si es que todavía es posible, o sustituir una organización que es el brazo político de una organización criminal. Corre Ciudadanos, que es el beneficiario de esta catarsis, el riesgo de perder su virginidad incorrupta en esta carroña acumulada que es el PP.
No ocurre lo mismo con el PSOE, aunque es bien evidente el histórico error de la Gestora al abstenerse en la investidura de Rajoy. Su problema principal, no obstante, se concreta en los apellidos Chaves y Griñán. Si no es concebible, y ya se sabe que no lo es, que Rajoy o Aguirre no supieran nada de las andanzas delictivas de Bárcenas o de Nacho González, igualmente no lo es que Susana Díaz ignorase lo que sucedía con los ERES en Andalucía. Con esa mochila que le han traspasado sus dos padrinos políticos, predecesores suyos en la Junta, no puede arriesgarse a una moción de censura que sería un bumerán contra la lideresa andaluza. Ya se sabe, perro no muerde a perro. Mucho menos cuando una moción de censura obliga a Rajoy a  dar explicaciones ante un Pleno del Congreso que Susana Díaz quería acotar sólo en una mera comisión parlamentaria. Es una complicidad personal, puesto que el mismo Rubalcaba amagó en el 2013 con una moción de censura si Rajoy no comparecía en el Pleno sobre Bárcenas.
Cuestión distinta es la equidistancia de los nacionalistas periféricos. En vísperas de un referéndum de la Generalitat, tanto Oriol Junqueras como Puigdemont aprovechan la ocasión para mezclar los churros soberanistas con las merinas de la corrupción. En cuanto al PNV, practica la insolidaridad política con el resto del estado español pese a que la Constitución sólo les reconoce la insolidaridad fiscal. Coherentemente con sus cinco escaños vitales, muy bien pagados por Rajoy, se desentienden en las Cortes del grave problema de la corrupción en España como lo hicieron en Santoña de la suerte de la II República Española, rindiéndose a las tropas de duce Mussolini en 1937. Sin olvidar, además, su IBEX conection en manos del alquimista Josu Jon Imaz.
Pese a todo, corruptos, cómplices y equidistantes van a tener que retratarse en el debate sobre una moción de censura que, nadie lo duda, precederá a nuevos escándalos y a la próxima declaración judicial del presidente Rajoy, en la que se verá obligado a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad a las preguntas de la acusación, so riesgo de verse imputado. Suárez tuvo que dimitir un año después de haber ganado la votación de la moción de censura. ¿Cuánto aguantará Rajoy en presentar la suya tras ganar ésta?

Stop Desahucios denuncia en Errenteria la venta de préstamos a fondos buitre

Stop Desahucios Gipuzkoa se ha concentrado este viernes en Errenteria para denunciar "la venta de préstamos a 'fondos buitre' por parte del Banco de Sabadell", lo que hace "mientras subasta casas y sangra con deudas impagables de por vida a consumidores y autónomos".



Varias decenas de personas han participado en la protesta, que ha tenido lugar ante la sucursal de esa entidad en la calle Viteri y en la que ha participado un autónomo -Joxean- que perdió sus bienes durante la crisis y con cuya deuda el banco se muestra "inflexible".

El colectivo antidesahucios ha mostrado su "hartazgo" por lo que considera "una política insoportable y antisocial de la práctica totalidad de entidades financieras españolas".

"En tanto venden a precio de saldo importantes paquetes de préstamos suscritos por consumidores y autónomos, se muestran intransigentes en la negociación de la deuda y búsqueda de soluciones a la situación de vulnerabilidad de esos mismos consumidores y autónomos", destaca Stop Desahucios en un comunicado.

Ha asegurado que esta vez no va a dejar que el Banco de Sabadell "se salga con la suya" y que desea comprar los contratos de préstamo de Joxean "en las mismas condiciones que los venden a los 'fondos buitre'".

"Y lo queremos ya. Queremos que nos ponga precio, un precio acorde con el que venden a los 'fondos buitre', a los dos contratos que suscribió la sociedad de Joxean", agrega.

Un hombre amenaza con suicidarse si desahucian a su madre con Alzheimer

Un vecino del distrito de Tetuán amenaza con tirarse por la ventana si desahucian a su madre, una mujer de 86 años que sufre Alzheimer avanzado, han informado diversas asociaciones antidesahucios en las redes sociales.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Nacional se han personado en la calle Alfanfa de Madrid, en el madrileño barrio de Valdeacederas en Tetuán, para proceder al desalojo.
Los agentes, apoyados por municipales, han impedido que familiares de Fabián, el hijo de la afectada, pudieran subir al piso. En concreto, se trata de los hijos del hombre, que han tratado de dialogar sin éxito con los agentes.
Al parecer, el Samur Social estaría a favor de un aplazamiento del desahucio por el grave estado de la mujer, que se encuentra en cama por el avanzado estado de su enfermedad.
En estos momentos, el hombre se encuentra apostado en el balcón, amenazando a los agentes con tirarse. Vecinos y amigos de la familia se encuentran concentrados en la vivienda lanzando mensajes de apoyo y tranquilidad a la afectado.

"El francés ‘insumiso’ que se abstenga no es un colaboracionista" (Sebastián Martín)

Desde que el pasado domingo por la noche Jean-Luc Mélenchon anunciase que consultaría a sus bases el sentido del voto de Francia Insumisa en la segunda vuelta, se ha producido una curiosa convergencia entre ciertos puristas de izquierda y muchos tertulianos socioliberales. Si los segundos ven en esta cauta decisión la muestra incontestable de la identidad sustancial entre los dos “extremos populistas”, los primeros, dedicados ahora al reparto de carnés de auténticos “antifascistas”, reprochan a Mélenchon una suerte de sospechoso colaboracionismo.
 
 
 
 
Consciente de la variedad ideológica de sus apoyos, y de la difícil disyuntiva a la que se enfrenta el pueblo francés en el balotaje del 7 de mayo, Melénchon ha hecho lo que cualquier líder democrático haría: no usurpar a los integrantes de su “movimiento” la decisión de cómo actuar dentro de dos semanas.
 
Apreciar en este gesto el más mínimo atisbo de complacencia con el fascismo, precisamente en el candidato que más y mejor ha confrontado a cara descubierta contra Marine Le Pen, supone una malevolencia con interesados ánimos denigradores. O –aún peor– constituye una muestra más del razonamiento grueso, apresurado, hormonal y desproporcionado a que es dado cierto fundamentalismo de izquierdas.
 
En cierto sentido, lo único que cabría reprochar a Mélenchon no es consultar a sus bases. Es simplemente el no haber dejado que ellas decidan por sí mismas, en conciencia, qué hacer ante el dilema de la segunda vuelta, sin necesidad de apelar a pronunciamientos mayoritarios. Porque, en el fondo, la encrucijada se plantea solo entre dos posiciones, y ninguna de ellas implica el más mínimo impulso al auge fascista, o, de implicarlo, podría entonces sostenerse que ambas lo hacen por igual: o se vota a Macron para evitar a toda costa la sorpresa funesta de ver a Le Pen en el Elíseo o se prefiere la abstención para, en un acto de coherencia, no contribuir de forma directa al agravamiento de la situación socioeconómica.
 
Obsérvese que, en el debate español, no se han leído desprecios proferidos por quienes ven más razonable abstenerse que optar por el candidato neoliberal. Es un dato que no deja de ser llamativo, pues habría sido predecible que el purismo abjurase a todo trance de respaldar a quien promete reformas laborales todavía más agresivas, despidos en masa de funcionarios y apoyo incondicional a la doctrina austeritaria de la Troika. No ha sido así y razones no han faltado en teoría. Podrían muy bien haber sostenido que respaldando el “mal menor” del neoliberalismo tecnocrático solo se consigue continuar alimentando las condiciones que engordan el “mal mayor” del fascismo. Sin embargo, conscientes acaso de la gravedad del momento, los que se decantarían por una abstención han preferido guardar silencio y respetar una de las posibles salidas, llena de inconvenientes, para frenar de manera provisional al Frente Nacional.
 
Del otro lado la cosa ha sido bien diversa. Plantearse siquiera la posibilidad de preferir la abstención ha sido tratado en medios y redes como si se defendiese votar a Le Pen. Semejante equívoco merece comentario porque, en este caso concreto, la abstención supone, sí, una difícil elección, y también repleta de inconvenientes, pero acreedora cuanto poco del mismo respeto que la de votar a Macron e igual de poco sospechosa de colaboracionismo que ésta.
 
Esta posición se podría fundamentar en tres motivos, ninguno merecedor de desprecio. El primero: la correlación de fuerzas en presencia. Contando con el apoyo de Benoît Hamon y de François Fillon, es decir, de aproximadamente el 25% del electorado, es harto improbable, por no decir imposible, que Macron, ya vencedor en primera vuelta, pueda resultar sobrepasado por Le Pen, que no ha recibido ni va a recibir ningún apoyo externo, y solo va a capitalizar algunos puntos marginales entre conservadores e indignados sin rastro de ideología, que también los hay. Muy distinta sería la situación si, como sucedió en tiempo de entreguerras, los conservadores jugasen con el fuego fascista. Sería entonces una culpable irresponsabilidad no marchar junto al liberalismo propietario. Pero no es el caso. El riesgo que entraña hoy el permitirse votar en conciencia, para aquellos que así lo decidan hacer, es nulo a los efectos de propiciar la victoria del Frente Nacional.
 
En segundo término, conviene ir abandonado los razonamientos cortoplacistas y aguzar un poco la mirada. Cabe pensar, sin incurrir por ello en un dislate, que las condiciones que explican el actual ascenso del fascismo están vinculadas a la gestión interesada de la crisis, a las políticas de austeridad y las desigualdades económicas que espolean, y a la retirada del intervencionismo redistributivo del Estado y la deificación consiguiente del dinero. Desde esta perspectiva, apoyar el programa de Macron, incluso cuando la coyuntura lo hace innecesario, puede no significar más que un estéril aplazamiento de la llegada del fascismo. Es más, un resultado similar al de la segunda vuelta entre Chirac y Le Pen padre, con una alta participación y unos resultados del 82% y del 18% respectivamente, transmitiría una imagen por completo adulterada de la situación real y lanzaría un equívoco mensaje de respaldo sin fisuras a las políticas tecnocráticas que alimentan al fascismo.
 
A algún sector de la sociedad, por más testimonial que sea, habrá de corresponderle recordar al victorioso Macron que ni tres cuartas partes de Francia está con él, ni con sus políticas se combate en absoluto la llegada del Frente Nacional. Trazando una separación radical entre el liberalismo de las finanzas y el fascismo nacionalista, muchos confían en que con el primero se mantendrán intactos los derechos individuales que perecerían a manos del segundo. Olvidan que desde esas filas también se entregan a leyes que amordazan cuando se trata de acallar la protesta. No estorba, por tanto, que de alguna manera se adelante al candidato del Ciudadanos francés que las políticas que anuncia no generan adhesión generalizada y obtendrán además una fuerte oposición en sociedad. Y la abstención puede ser el mejor modo de hacerlo.
 
Por último, convendría asimismo comenzar a razonar políticamente en términos amplios y no exclusivamente institucionales o electorales. En tal sentido, cabe desde luego la posibilidad de abstenerse de apoyar a Macron en la segunda vuelta y, simultáneamente, realizar política práctica antifascista desde el compromiso cívico cotidiano, secundado y difundiendo valores que se oponen frontalmente a la cultura que promueve el partido de Le Pen.
 
Creo que estos motivos bastan para apreciar que, en la situación francesa presente, optar por la abstención constituye una decisión políticamente tan irreprochable como la de votar a Macron. Y, desde luego, no evidencia ningún síntoma de colaboracionismo, de escaso “amor a la democracia” o de flaqueza en las convicciones antifascistas.

jueves, 27 de abril de 2017

Colectivos y partidos políticos se querellan contra Aguirre por encubrimiento en el marco de la 'operación Lezo'

Izquierda Unida, Equo, Ecologistas en Acción y varios colectivos –Los Verdes, Paz con Dignidad, Attac Madrid, Asociación Anticapitalistas, Fravm y el Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde de Chamberí– han presentado este miércoles una querella criminal ante el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid y exconcejal del Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros; y el exministro Eduardo Zaplana, entre otros. Se suman de esta manera a la causa abierta en el marco de la operación Lezo.
 
 

En el escrito, facilitado a los medios de comunicación, acusan a la también expresidenta del PP de Madrid –entre 2004 y 2016–, y a la cúpula de la formación conservadora, de "maniobrar" para encubrir "los delitos cometidos" por el expresidente Ignacio González y "sus criminales cooperadores". "Existen evidentes elementos de que esta labor de encubrimiento ha podido ser cometida por Esperanza Aguirre Gil de Biedma además de por los señores Álvaro Lapuerta –tesorero del PP entre 1990 y 2008–, Luis Bárcenas –gerente en el mismo periodo de tiempo y tesorero entre 2008 y 2012– o Eduardo Zaplana", recoge la querella, presentada por vía telemática.

El texto judicial acusa a los mencionados de haber puesto "los medios necesarios" para evitar que el escándalo que rodeaba a Ignacio González, y que ha terminado con el expresidente madrileño entre rejas, "aflorase a la opinión pública y de ello tuvieran conocimiento las autoridades judiciales". Con su actuación, continúa, se ha facilitado "durante estos últimos meses" que se "haya podido ocultar la documentación y diversas pruebas, así como diversas cantidades de dinero B obtenidas por la trama".

En este sentido, afirman que "existe constancia" de que tanto Lapuerta como Bárcenas tenían conocimiento, desde 2007, del supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros de OHL a González por la adjudicación del tren que iba a unir Móstoles Central y Navalcarnero. Una información que también tenía el ex alcalde de Leganés Jesús Gómez y que había puesto en conocimiento de varios dirigentes del PP, tanto regional como nacional, según ha afirmado este miércoles en una entrevista en el diario El Mundo.

"Sin que por su parte o del propio partido se diese cuenta a las autoridades judiciales dadas la gravedad de los hechos", recoge la querella. Como tampoco consta, continúa el escrito, que Aguirre pusiera "en manos de la justicia información o documentación" sobre las actividades "ilícitas" llevadas a cabo por "su mano derecha" a pesar de que existen "indicios" de que la expresidenta de la Comunidad de Madrid "tenía supuestamente pleno conocimiento" de la información manejada por Lapuerta, Bárcenas y Gómez sobre González "y la organización criminal que él encabezaba".

"Así como fue informada por terceras personas de otras actividades ilícitas llevadas a cabo por la trama criminal que encabezaba su secretario general al tiempo que era presidenta del PP de Madrid", prosigue. Por todo ello, los querellantes consideran que existen "sobrados elementos indiciarios" para que Aguirre comparezca en sede judicial como investigada "para responder sobre su participación, dada su omisión, en principio consciente, para denunciar las actividades ilícitas".

Revelación de secretos

Izquierda Unida, Equo y el resto de colectivos también incluyen en la querella al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, al que acusan de un delito de revelación de secretos. Su nombre ha sido incluido después de que el pasado domingo se revelara que Pablo González, hermano del expresidente madrileño y otro de los detenidos y encarcelados en el marco de la operación Lezo, se había reunido el 8 de marzo con el número dos del Ministerio del Interior
al sospechar que estaban siendo investigados.

Una reunión en la que, según la cartera dirigida por Juan Ignacio Zoido, "no hubo ni una sola referencia a Ignacio González ni a ningún tipo de investigación". Sin embargo, los querellantes consideran que podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos y señalan el "relevante daño para la causa pública" que genera "divulgar una información de esa índole" dado que se trata de "obstaculizar, entorpecer o bloquear" la investigación policial de un delito, "menoscabando así la prestación de un servicio público de suma importancia para el bien de la comunidad".

En esta línea, también muestran en el escrito judicial su preocupación por el supuesto 'soplo' que salió de "una magistrada amiga de la casa", tal y como, según publicó
El Español, se recoge en una de las conversaciones entre Ignacio González y Eduardo Zaplana intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "El comunicar a una persona, que sabe de su implicación en operaciones de investigación de blanqueo de capitales y otros delitos muy graves, sí ocasiona un perjuicio a la causa pública ya que permite adoptar al implicado precauciones más intensas y eficaces", sostiene el escrito presentado ante la Audiencia Nacional.

Villar Mir y el PP de Madrid

Sin embargo, Aguirre, Zaplana, Lapuerta, Bárcenas y Nieto Ballesteros no son los únicos querellados. IU, Equo y el resto de colectivos también han puesto el foco sobre ocho nombres más: Ignacio González; su hermano Pablo; el expresidente de Inassa Edmundo Fernández Sobrino; el gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel; el exdirector de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás; el presidente de La Razón Mauricio Casals; el exconsejero de OHL Javier López Madrid, y el presidente de la compañía, Juan Manuel Villar Mir, sobre quien el juez Eloy Velasco ya
ha pedido información.

En relación con la constructora, que recuerdan que "dicha empresa y su presidente ya aparecen en los manuscritos atribuidos a Bárcenas como financiadores del PP", los querellantes creen que existen "indicios más que suficientes" de que "los pagos efectuados por las empresas a la trama criminal y/o al PP son el fruto de conversaciones previas entre empresa y dirigentes del partido o las instituciones públicas controladas por él, en las que las partes se concertaron para perfeccionar el delito de tal forma que el pago era la contrapartida a que desde el poder político se realizasen concesiones a las empresas financiadoras".

A lo largo de las 84 páginas de querella, se argumenta la posible comisión de un total de 13 delitos: organización criminal; malversación de caudales públicos; alteración de precio en concursos y subastas públicas; receptación y blanqueo de capitales; cohecho; apropiación indebida; prevaricación; tráfico de influencias; delitos contra la Hacienda pública; fraude y exacciones ilegales; encubrimiento; falsedad y apropiación indebida de fondos electorales; y revelación de secretos.

De todos ellos, "fácilmente se pueden imputar" al PP de Madrid, contra el que también se querellan, "cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de un delito electoral". "A la par, este modo de actuar por parte del PP de Madrid debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento", señala la querella