En el pleno del Ayuntamiento de Errenteria celebrado este pasado 27 de octubre, se aprobó la moción presentada por el grupo Oarso Taldea de rechazo al Tratado de Libre Comercio (TTIP). La moción salió adelante con los votos de Errenteria Irabaziz, EH Bildu y el PSE, votando en contra el PNV. La moción aprobada es la siguiente:
Las
ciudades y los municipios europeos reconocemos la importancia del
comercio de mercancías y de servicios para el bienestar de la
ciudadanía. Sin embargo, la competitividad y el desarrollo económico
no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos
comerciales tales como el TTIP y similares (CETA, TISA). Asimismo,
los aspectos ecológicos y sociales tienen que tenerse en cuenta en
cualquier negociación comercial bilateral o multilateral. También
es importante que se realice un análisis comparativo sobre los
costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del
tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo.
Este análisis no sólo debe abarcar sus efectos económicos
potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en
ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y
el medioambiental, tanto en la UE como en EEUU.
Los
gobiernos regionales de la UE, así como a las corporaciones locales
y comunidades autónomas del territorio español, tienen derecho a
ser informados sobre la legislación que va a ser acordada a escala
europea que les pueda afectar, para que de esta manera puedan
expresar sus opiniones. Ese derecho no se ha facilitado hasta ahora a
las distintas regiones y corporaciones locales europeas respecto a
las negociaciones que se vienen produciendo con relación al TTIP
Las
Administraciones Locales:
- al estar cerca de las necesidades de sus pueblos, tienen el deber de injerencia respecto a lo que se pretende con el TTIP, así como un deber de respuesta al mismo, si no quieren verse acusadas de no ayudar a la población y al planeta en peligro.
- siendo los canales adecuados para promover los servicios públicos y la industria y empleo locales, se esfuerzan para su promoción como respuesta al interés común.
- están obligadas a proteger los derechos sociales, económicos y medioambientales, y a hacer frente a los peligros y exigencias que quiere imponer el TTIP aplicando prácticas hoy prohibidas por las leyes europeas. Cabe mencionar entre ellas la producción de productos químicos y farmacéuticos sin que su inocuidad esté comprobada científicamente, la aceptación de alimentos modificados genéticamente, el consumo de carne de ternera y de cerdo tratado con hormonas, el pollo esterilizado con cloro o la extracción de gas por medio de la técnica del fracking.
Las
colectividades locales pretenden ampliar el debate público y
democrático sobre lo que está verdaderamente en juego tras este
tratado, y la suerte que correrían los servicios y compras públicos
en caso de implantarse.
Por
lo anteriormente expuesto, las colectividades locales quieren poner
de manifiesto que:
- el comercio y la inversión solamente pueden contribuir al bien común y conducir a intercambios económica y socialmente beneficiosos si respetan las necesidades humanas, y no se basan únicamente en el beneficio de los especuladores financieros y de las empresas transnacionales.
- la eliminación programada y progresiva de los servicios públicos es también la eliminación programada y progresiva de la solidaridad y la democracia.
- la apertura total de los servicios y las compras públicas a la competencia del capital privado produce efectos contraproducentes en cuanto a su accesibilidad, calidad y coste.
- los derechos sociales son derechos inalienables, por lo que no pueden depender exclusivamente de la lógica del mercado.
- sólo la existencia diversificada de servicios públicos socialmente útiles permite asegurar una calidad de vida digna para todos y en todas partes, en estrecho nexo con el ejercicio real de la democracia
- el control público debe preservarse para garantizar el acceso a los bienes comunes y a la creación de nuevos servicios públicos, así como para favorecer la industria y empleo locales
Por
todo ello proponemos la siguiente MOCIÓN
- Declarar a éste Municipio de Errenteria como Municipio insumiso y opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social.
- Solicitar del Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de Español:
- su apoyo a todas las iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los llamados servicios socialmente útiles.
- la derogación inmediata con carácter retroactivo de la “Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local” para legislar en su lugar una nueva normativa enfocada al desarrollo de la economía local.
- Solicitar del Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del TTIP y el TISA (Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización de Servicios Públicos), y la no ratificación del CETA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE).
- Solicitar igualmente del Ministerio de Economía y Competitividad que:
- Disposiciones del tipo ISDS no sean incluidas en ningún futuro tratado de comercio o inversiones, y sean eliminadas de los tratados actualmente en vigor.
- Lo mismo para disposiciones sobre servicios públicos y la propiedad intelectual
- Evitar la participación directa o indirecta de las ETN, a través de cualquier tipo de organismo o lobbies, en los procesos reguladores o normativos de la UE y sus Estados miembros en relación con temas sociales, laborales, sanitarios, medioambientales o cualquier otra materia. Los entes reguladores públicos podrán en todo caso establecer consultas no discriminatorias con organizaciones democráticas de la sociedad civil.
- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al de la Comunidad Autónoma de País Vasco y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y del Parlamento Europeo, para que se registre y quede constancia del mismo