La
crisis de 2008 nos enseñó que, ante las políticas de austeridad,
paro y recorte de gasto público, que solo han generado más pobreza
y desigualdad, es necesario apostar por medidas que pongan la
dignidad y la vida en el centro
La
crisis del coronavirus está afectando al conjunto de la población
y, en especial, a muchos sectores sociales en situación de
vulnerabilidad. Este escenario está poniendo de manifiesto la
necesidad de llevar a cabo medidas que protejan los derechos sociales
de los sectores populares para no dejar a nadie atrás. La pandemia y
la crisis de cuidados que lleva denunciando desde hace mucho tiempo
la sociedad civil han evidenciado la interdependencia y la
incompatibilidad del modelo neoliberal con la sostenibilidad de la
vida. Es por ello por lo que tenemos la oportunidad de apostar por un
modelo de solidaridad, de valor en lo común y en los servicios
públicos, que ponga la vida en el centro.
Una
de las principales medidas que creemos que se debe acometer de manera
urgente es la aprobación de un Ingreso Mínimo Vital, que ya fue un
compromiso en nuestro acuerdo de Gobierno. En nuestro país hay más
de doce millones de personas en riesgo de exclusión social, lo que
pone encima de la mesa la urgencia de esta medida para cientos de
miles de familias que no pueden esperar varios meses ante la grave
situación económica que atraviesan
El
Ingreso Mínimo Vital es una medida tanto de justicia social como de
eficiencia económica, porque va a permitir llenar la nevera a miles
de familias y mantener un nivel mínimo del consumo, lo que redundará
en reforzar la economía de los autónomos y de las pequeñas y
medianas empresas. Esta medida, además, permitirá también al
Estado generar ingresos para sostener y fortalecer servicios
públicos, como la sanidad o la dependencia, que se han demostrado
imprescindibles a la hora de garantizar el cuidado de nuestro pueblo
Desde
el Gobierno se está trabajando para que el Ingreso Mínimo Vital
esté funcionando este mes de mayo y, en los próximos días, se
detallarán sus condiciones y la manera en que podrán acceder a él
las personas y las familias en situación de vulnerabilidad.
El
Ingreso Mínimo Vital se suma a las medidas que han ido abriendo la
senda de una salida solidaria y colectiva de la crisis, que defienda
los derechos de las mayorías sociales de nuestro país. La crisis de
2008 nos enseñó que, ante las políticas de austeridad, paro y
recorte de gasto público, que solo han generado más pobreza y
desigualdad, es necesario apostar por medidas que pongan la dignidad
y la vida en el centro, y, para ello, necesitamos justicia fiscal y
garantizar que se cumplan los derechos humanos
Es
además el momento de que la Unión Europea demuestre los pilares
solidarios sobre los que fue ideada; que las élites financieras
asuman que tienen una responsabilidad social, a la vez que se
eliminan instrumentos que han profundizado en las desigualdades
sociales y en el saqueo a los sectores populares, como es el caso de
los paraísos fiscales.
La
emergencia sanitaria que estamos viviendo evidencia la necesidad de
reforzar una economía de los cuidados para poder mirarnos al espejo
como sociedad y reconocernos en el pueblo solidario y fraterno que
somos, y no el reflejo engañoso del odio que hoy algunos intentan
imponer con una mano, mientras que, con la otra, buscan mantener los
privilegios de unos pocos. Ese reflejo, antes o después, está
condenado a romperse.
No
podemos olvidar que esta es una victoria de la sociedad civil, que
durante muchos años ha trabajado contra viento y marea para poner
sobre la mesa la necesidad de una renta
mínima. Es a ellas y a ellos a quienes debemos agradecer que
sembraran las semillas de un sistema de protección social que está
llamado a convertirse en un nuevo derecho social clave en nuestro
Estado del bienestar y en nuestra democracia.
Somos conscientes de que todavía queda mucho por hacer para seguir fortaleciendo las medidas sociales y ahondar en esa salida solidaria y colectiva a esta crisis. Desde Podemos vamos a seguir trabajando para no dejar a nadie atrás.